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Paraguay refuerza su seguridad con acuerdo militar temporal con Estados Unidos

Paraguay refuerza su seguridad con acuerdo militar temporal con Estados Unidos

El Congreso de Paraguay dio luz verde este martes a un polémico acuerdo con Estados Unidos que autoriza la presencia de tropas y personal militar estadounidense en territorio nacional, un paso que cierra el proceso de ratificación iniciado la semana pasada en el Senado. Con 53 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados avaló el denominado *Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas* (SOFA, por sus siglas en inglés), un documento firmado en Washington el pasado 15 de diciembre que establece las condiciones para la cooperación militar entre ambos países.

El presidente de la Cámara Baja, el oficialista Raúl Latorre, defendió la medida como un avance necesario para fortalecer la seguridad nacional. “Necesitamos mejorar nuestras capacidades en la lucha contra el narcotráfico y garantizar la protección de nuestros ciudadanos”, afirmó, subrayando que el acuerdo permitirá modernizar las fuerzas armadas paraguayas y acceder a tecnología y entrenamiento de primer nivel. Según Latorre, la colaboración con Estados Unidos no solo reforzará la vigilancia en zonas fronterizas, sino que también contribuirá a combatir el crimen organizado, un flagelo que ha cobrado fuerza en los últimos años con el aumento del tráfico de drogas y armas en la región.

Sin embargo, la aprobación del tratado no estuvo exenta de controversia. Sectores de la oposición, como el diputado liberal Adrián Billy Vaesken, calificaron la decisión de “antipatriota” y alertaron sobre los riesgos que implica para la soberanía del país. Vaesken advirtió que el acuerdo podría abrir la puerta a la instalación de una base militar estadounidense en Paraguay, un escenario que, según él, convertiría al país en un “peón” de los intereses geopolíticos de Washington en Sudamérica. “No podemos permitir que se repitan los errores del pasado, cuando potencias extranjeras utilizaron nuestro territorio para sus propios fines”, declaró, haciendo referencia a episodios históricos de intervención externa en la región.

El debate en el Congreso reflejó la división que existe en la sociedad paraguaya respecto a este tema. Mientras algunos ven en el SOFA una oportunidad para mejorar la seguridad y atraer inversión, otros lo perciben como una amenaza a la autonomía nacional. Organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos han expresado su preocupación por posibles abusos cometidos por las fuerzas extranjeras, así como por el impacto que podría tener en la estabilidad política del país. Aunque el acuerdo incluye cláusulas que supuestamente garantizan el respeto a las leyes locales, críticos señalan que la historia demuestra que estos mecanismos no siempre son suficientes para evitar conflictos.

El tratado, que ahora solo requiere la promulgación presidencial para entrar en vigor, regula aspectos clave como la jurisdicción aplicable a los militares estadounidenses en caso de delitos cometidos en Paraguay, la exención de impuestos para equipos y suministros traídos al país, y los protocolos para el ingreso y salida de tropas. Según fuentes oficiales, la presencia de personal estadounidense será temporal y estará limitada a actividades de entrenamiento, asistencia humanitaria y operaciones antinarcóticos. No obstante, la falta de detalles específicos sobre la duración y el alcance de estas misiones ha alimentado las sospechas de quienes temen que el acuerdo sea solo el primer paso hacia una presencia militar permanente.

Paraguay, un país con una larga tradición de neutralidad y sin conflictos bélicos recientes, se encuentra en una encrucijada. La aprobación del SOFA marca un giro en su política exterior, alineándose más estrechamente con Estados Unidos en un momento en que la región vive tensiones crecientes por la influencia de potencias como China y Rusia. Mientras el gobierno insiste en que el acuerdo no compromete la soberanía nacional, la oposición y amplios sectores de la ciudadanía exigen mayor transparencia y un debate más profundo sobre las implicaciones a largo plazo. Lo cierto es que, más allá de las promesas de seguridad y desarrollo, el país se adentra en un terreno desconocido, donde las decisiones tomadas hoy podrían definir su futuro en las próximas décadas.

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