La igualdad de género en el ámbito judicial ha dado pasos significativos, pero aún enfrenta desafíos profundos que requieren atención urgente. En un contexto donde las mujeres representan la mitad de la población, su presencia en puestos de decisión dentro del sistema de justicia sigue siendo desigual, aunque avances recientes ofrecen un panorama más esperanzador. La reforma judicial, impulsada en los últimos años, ha sido un factor clave para cerrar esta brecha, al establecer que al menos la mitad de los cargos electos en el Poder Judicial deben ser ocupados por mujeres. Este cambio no solo ha permitido que más juezas y magistradas accedan a posiciones de poder, sino que también ha comenzado a transformar una cultura institucional históricamente dominada por hombres.
El impacto de esta medida va más allá de las cifras. Para muchas mujeres que han logrado abrirse camino en este ámbito, la composición actual de la Suprema Corte es un símbolo de lo que es posible alcanzar, incluso en un entorno marcado por prejuicios y resistencias. “Es un mensaje para las niñas y adolescentes que vienen detrás: sí se puede”, afirmó una magistrada, quien destacó que, a pesar de los obstáculos, los avances son reales. Sin embargo, reconoció que las barreras persisten, y no siempre son visibles. En su experiencia personal, ha enfrentado situaciones de discriminación en las que algunos colegas, con actitudes de superioridad, intentaban minimizar su autoridad o capacidad. “Tenemos la inteligencia emocional y la dedicación para debatir en igualdad de condiciones, pero aún hay quienes no están dispuestos a reconocerlo”, señaló.
Estos testimonios reflejan una realidad que va más allá de los tribunales. La lucha por la igualdad sustantiva en el Poder Judicial no se limita a garantizar cuotas de género, sino a asegurar que las mujeres ocupen espacios con las mismas oportunidades, reconocimiento y respeto que sus pares masculinos. Aunque la reforma ha sido un paso importante, queda claro que el cambio cultural es un proceso lento y complejo. Las mujeres que hoy ocupan cargos de alta responsabilidad no solo deben demostrar su competencia, sino también desafiar estereotipos arraigados que las colocan en desventaja desde el inicio.
El camino hacia una justicia verdaderamente equitativa requiere, además, políticas que aborden las desigualdades estructurales. No basta con aumentar la representación femenina si no se eliminan los sesgos que persisten en los procesos de selección, promoción y evaluación. Las magistradas y juezas que han logrado romper el techo de cristal coinciden en que, aunque el avance es notable, aún falta mucho por hacer. La discriminación no siempre se manifiesta de manera explícita; a veces se esconde en comentarios sutiles, en la distribución desigual de casos relevantes o en la falta de apoyo para conciliar la vida profesional con la personal.
El Día Internacional de las Juezas no solo es una fecha para celebrar los logros alcanzados, sino también para reflexionar sobre los retos pendientes. La presencia de más mujeres en la judicatura no solo enriquece la perspectiva de los fallos, sino que también envía un mensaje poderoso a las nuevas generaciones: el derecho y la justicia no son territorios exclusivos de un género. Sin embargo, para que este mensaje sea una realidad tangible, es necesario que las instituciones asuman su responsabilidad y trabajen activamente en la eliminación de las barreras que aún impiden una verdadera igualdad. El futuro de la justicia depende, en gran medida, de que este compromiso se mantenga firme.
