El gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado sus esfuerzos para combatir el contrabando de combustible, conocido en México como *huachicol*, con un enfoque especial en los puertos marítimos del país. Según información oficial, la Secretaría de la Función Pública, a través de su área de Anticorrupción y Buen Gobierno, supervisa investigaciones internas en instalaciones clave como los puertos de Guaymas, Tampico y Ensenada, además de coordinar acciones con la Marina y la Agencia Nacional de Aduanas.
Este operativo no es nuevo. Desde hace meses, las autoridades han reconocido la existencia de redes de contrabando en el Puerto de Tampico, donde el año pasado se detuvo a 14 personas presuntamente involucradas en el tráfico ilegal de hidrocarburos. Entre los detenidos figuraban agentes aduanales y funcionarios de la Marina, lo que evidencia la infiltración de grupos delictivos en instituciones encargadas de la seguridad y el control portuario.
El *huachicol* en puertos representa un desafío mayor que el robo de combustible en ductos terrestres, pues implica la complicidad de servidores públicos y la manipulación de sistemas logísticos complejos. Las autoridades han señalado que, en muchos casos, los cargamentos ilegales se mezclan con embarques legales o se ocultan en contenedores con documentación falsa, lo que dificulta su detección. Además, el tráfico marítimo facilita la exportación de combustible robado hacia otros países, ampliando el alcance de estas redes criminales.
La presión internacional también ha jugado un papel en esta ofensiva. En los últimos meses, el gobierno mexicano ha enfrentado exigencias para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, especialmente por parte de Estados Unidos, cuyo gobierno ha insistido en la necesidad de desmantelar a los cárteles de la droga y sus operaciones colaterales, como el tráfico de combustibles. Aunque no se han hecho declaraciones públicas recientes sobre avances específicos, fuentes cercanas a la investigación aseguran que las pesquisas avanzan con discreción para evitar filtraciones que alerten a los grupos delictivos.
Hasta ahora, ni la Presidencia ni los partidos de oposición, como el PAN, han emitido comentarios sobre el estado actual de las investigaciones. Sin embargo, el hecho de que se mantenga la supervisión en puertos estratégicos sugiere que el gobierno no piensa bajar la guardia. Expertos en seguridad coinciden en que el combate al *huachicol* marítimo requiere no solo operativos policiales, sino también una revisión profunda de los protocolos aduanales y una mayor transparencia en la gestión portuaria.
Mientras tanto, el sector energético sigue siendo un blanco atractivo para el crimen organizado. El robo de combustible no solo genera pérdidas millonarias para el Estado —se estima que en años anteriores superaron los 60 mil millones de pesos—, sino que también financia otras actividades ilícitas, desde el narcotráfico hasta el lavado de dinero. La estrategia del gobierno parece apostar por desarticular estas redes desde sus bases, aunque el camino aún es largo y lleno de obstáculos.
Lo cierto es que, más allá de los arrestos y las investigaciones, el éxito de esta cruzada dependerá de la capacidad para cerrar los resquicios legales y administrativos que permiten la corrupción. Si las autoridades logran blindar los puertos y sancionar a los responsables dentro de las instituciones, el mensaje será claro: ni siquiera los eslabones más altos de la cadena delictiva estarán a salvo. Por ahora, el país observa con atención si estos esfuerzos darán resultados tangibles o si, como ha ocurrido en el pasado, las redes de contrabando encontrarán nuevas formas de operar.
